Hasta la contraloría regional de la republica en Valparaíso llegó la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, junto al equipo de Asesoría Jurídica del Municipio, con la finalidad de solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del convenio firmado entre el municipio y la Fundación Daya en 2016.
Este convenio establecía la obligación de la municipalidad de financiar la implementación de un programa de uso compasivo de un aceite de cannabis, por la suma de $35 millones.
Es necesario destacar que este convenio, que fue ejecutado durante ese mismo año, solo $15 millones se ajustaron a la finalidad del proyecto según las rendiciones presentadas, pero los otros $20 millones no pudieron ser justificados correctamente, por lo que el municipio solicitó el reintegro de este monto.
Así lo señaló Felipe Cornejo, director de la dirección de la asesoría jurídica del municipio de Quilpué
Uno de los aspectos que ha generado inquietud es la falta de claridad en los registros de las actividades vinculadas a este convenio. No se dispone de información suficiente sobre quiénes recibieron el medicamento y si tenían un diagnóstico que respaldara su necesidad. Además, se ha observado que las irregularidades en las boletas presentadas no coinciden en cuanto a las fechas.
El Municipio de Quilpué ha instado durante cuatro años consecutivos a la Fundación Daya a que presente de manera adecuada las rendiciones de cuentas, y al no obtener una respuesta satisfactoria en 2022, solicitó formalmente la devolución del dinero. Hasta la fecha, esta devolución no ha tenido lugar.
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